El Fiscal General, Jorge Baclini, sostuvo que el MPA continúa afianzándose y consolidándose, no obstante pidió “un acuerdo político que permita sentar las bases de un plan provincial de política criminal para combatir el delito”. Valoró la presencia de las Fiscalías “en pequeñas ciudades en las cuales nunca antes había habido sedes del Poder Judicial”. Destacó que la cantidad de personas privadas de su libertad es casi el doble que hace 10 años, e hizo hincapié en que más de 55% de esos detenidos ya tienen condena. Asimismo, resaltó la tarea que se viene desarrollando en violencia de género, y en la investigación de delitos complejos y económicos relacionados con organizaciones criminales.
Se cumplen mañana nueve años de la puesta en marcha en la provincia de Santa Fe del sistema procesal penal oral y adversarial. Su implementación implicó una de las
transformaciones institucionales más significativas en toda la historia de la provincia y, en particular, del Poder Judicial santafesino.
“A nueve años de aquel 10 de febrero de 2014, el balance que hacemos es sumamente positivo”, afirmó el Fiscal General, Jorge Baclini. “Los cambios implementados permitieron democratizar la Justicia Penal de nuestra provincia, porque la dotaron de transparencia y la hicieron mucho más cercana a la ciudadanía. Al mismo tiempo, las transformaciones también permitieron que, de una vez por todas, el proceso penal santafesino se ajuste a lo establecido en la Constitución Nacional”, añadió.
Baclini planteó que “parece que el sistema procesal penal y el MPA funcionan desde siempre en Santa Fe. Sin embargo, no debemos olvidar que mi gestión que termina este año es la segunda desde 2014. Es decir, recién este año deberá asumir el tercer Fiscal General”.
“En ese contexto, si bien el MPA continúa avanzando en un sostenido proceso de afianzamiento y consolidación institucional, es impostergable un acuerdo político que permita definir políticas claras y a largo plazo para combatir el delito”, advirtió. En tal sentido, el Fiscal General especificó que “ese consenso político–institucional deberá involucrar a los tres poderes del Estado, para permitir sentar las bases de un plan provincial de política criminal. Y ese plan debería contemplar, como mínimo, el control de las armas de fuego; el abordaje de las víctimas de violencia altamente lesiva; el fortalecimiento de unidades fiscales del MPA y de las áreas de investigación, tecnología y criminalística; el replanteo del actual sistema penitenciario y la ampliación de recursos institucionales para la asistencia y protección de víctimas y testigos”, precisó.
Al mismo tiempo remarcó que también “es indispensable que, de una vez por todas, se solucionen las carencias de recursos humanos que tenemos en toda la provincia. No puede ser que mientras la provincia de Mendoza tiene un plantel de 1.600 personas trabajando en la investigación del delito, nosotros –con casi el doble de población– contamos solo con 650”.
Profesionalización
El Fiscal General también centró su mirada en la investigación de organizaciones criminales. “Se profesionalizaron las áreas de Criminalística a través de la reorganización de los recursos humanos, la adquisición de tecnología y la inauguración de espacios físicos para el funcionamiento de laboratorios especializados, todo bajo la órbita del Organismo de Investigaciones (OI)”, puntualizó Baclini. “Estas decisiones institucionales, sumadas a la creación fiscalías especializadas –fundamentalmente en los grandes centros urbanos– nos permitieron avanzar fuertemente en la investigación de los denominados delitos complejos y económicos relacionados al entramado de bandas delictivas y del lavado de activos”, agregó.
Baclini también refirió a los casos de violencia de género. “Fortalecimos distintos ámbitos del MPA relacionados a la temática”, subrayó e indicó que “en la actualidad, las cinco Fiscalías Regionales tienen unidades fiscales especiales destinadas a la investigación de violencia de género, familiar y sexual”.
Autonomía
El Fiscal General también refirió a la autonomía del MPA. “Que el régimen disciplinario de los y las fiscales dependa del Poder Legislativo de la provincia, implicó un avasallamiento a la independencia de nuestra institución”, estableció.
“Estamos firmemente convencidos de que debe volverse al régimen original en el que los y las fiscales no estaban sometidas a un control político, sino a un sistema disciplinario jurídico que seguía los lineamientos de lo previsto en el artículo 91 de la Constitución Provincial y que era similar a lo regulado por las leyes orgánicas de los ministerios públicos de todo el país”, argumentó el titular del MPA.
Algunos indicadores
En 2013 (año anterior al inicio del nuevo sistema procesal penal), en la provincia de Santa Fe había 5025 personas privadas de su libertad con y sin condena. De ese total, el 54,1% no tenía condena, mientras que el 45,9% restante sí la tenía. “En 2022, la cantidad total de personas privadas de su libertad es casi el doble que hace 10 años, y los porcentajes se invirtieron”, manifestó Baclini y precisó que “sobre un total de 9.350 personas privadas de su libertad, el 55,9% tiene condena”.
Por otra parte, el titular del MPA consideró que “este incremento de la cantidad de personas privadas de su libertad generó un serio problema en el ámbito penitenciario. Por eso creemos que –como ya propusimos en distintas instancias interinstitucionales– es necesario realizar un profundo estudio de las cárceles santafesinas, y un detallado abordaje de las medidas alternativas a la prisión preventiva y a los sistemas de control de las personas que recuperan su libertad”.
El aumento de juicios orales realizados en toda la provincia también muestra un incremento sostenido. Mientras en 2014 se llevaron a cabo solo 11 debates orales, en 2022 fueron 301.
“No solo es importante el aumento y la gran cantidad de juicios orales realizados”, advirtió Baclini. “También hay que resaltar que de los 1.422 juicios orales llevado a cabo a lo largo de estos nueve años, más de 90% terminó con condena para los acusados y las acusadas”.
“También se incrementó la cantidad de juicios en los que se abreviaron los procedimientos”, dijo Baclini y detalló que “mientras en 2014 fueron 751, en 2022 se llevaron a cabo 3.184”.
En relación a la cantidad de audiencias de primera y de segunda instancia, en 2014 se realizaron 8.570. Por su parte, durante 2022 se computaron 27.192 audiencias (25.269 de primera instancia y 1.923 de segunda instancia).
En toda la provincia
El Fiscal General también se refirió a la presencia institucional del MPA en toda la provincia. “Planteamos y ejecutamos una política de despliegue territorial que nos permitió, por un lado, garantizar a las víctimas el acceso a la Justicia, y por otro, tener presencia no solo en los grandes centros urbanos, sino también en pequeñas ciudades en las cuales nunca antes había habido ninguna sede del Poder Judicial”, destacó.
“En función de inversiones propias y de la vinculación institucional con municipios y comunas, las actividades del MPA se desarrollan en 35 espacios distribuidos en toda la provincia”, precisó Baclini. “De ese total, cinco están en edificios administrados por el Poder Judicial de la provincia (Rosario; Villa Constitución; San Cristóbal; Reconquista y Rufino); 10 en espacios cedidos o compartidos por municipalidades y/o comunas (Las Parejas; Villa Gobernador Gálvez; Totoras; Roldán; Funes; Firmat; Villa Ocampo; Avellaneda; Frontera y Las Toscas) y los 20 restantes en inmuebles alquilados”, enumeró el Fiscal General.
“En la Fiscalía Regional 3, además de las unidades fiscales de Venado Tuerto, Melincué y Rufino, personal de la Fiscalía también brinda atención en Firmat, Chañar Ladeado, Wheelright y en Villa Cañás”, finalizó Baclini.