Uno de los fiscales de Rosario que investiga una red de juego clandestino
en esa ciudad santafesina aseguró hoy que existe «evidencia» que coloca a
un senador provincial como «organizador» de esa actividad ilegal, luego de
que un fallo permitiera convocarlo a una audiencia de imputación a pesar de
sus fueros, informaron fuentes judiciales.
El fiscal Matías Edery, que junto con su colega Luis Schiappa Pietra
investiga desde el año pasado una red de juego clandestino con presunto
apoyo político, celebró hoy la sentencia que declaró inconstitucional el
sistema de “inmunidad de proceso” que protege a legisladores provinciales.
El juez de Cámara José Luis Mascali declaró inconstitucional la segunda
parte del artículo 51 de la Constitución de Santa Fe y del artículo 27 del
Código Procesal Penal local, que garantizan “inmunidad de proceso” a
diputados y senadores provinciales.
De ese modo, allanó el camino para que los fiscales puedan solicitar la
audiencia de imputación contra el senador del PJ, Armando Traferri, como
presunto organizador de una asociación ilícita liderada por un capitalista
de juego ilegal llamado Leonardo Peiti.
Traferri había eludido la imputación de los fiscales Edery y Schiappa
Pietra el año pasado, luego de que la Cámara de Senadores rechazara el
pedido de desafuero.
Mientras el senador solicitó el archivo de la causa, los fiscales
plantearon entonces la inconstitucionalidad del artículo 27 del Código
Procesal Penal –enlazado con el 51 de la Constitución provincial- que
impide someter a proceso a los legisladores.
La jueza de primera instancia, Eleonora Verón, rechazó el planteo, pero
tras la apelación ese fallo ayer fue revocado por el camarista Mascali.
Entre otros argumentos, Mascali sostuvo que la Carta Magna provincial
colisiona con la nacional en la materia de fueros legislativos.
“La Constitución Nacional reconoce dos inmunidades a los legisladores
nacionales: ‘la de opinión’ y la ‘de arresto’. No aplica la llamada
«Inmunidad del proceso’ como lo hace la Constitución provincial y el Código
de procedimiento local”, sostuvo.
En esa línea recordó que la existencia de fueros en el Congreso nacional
“no es impeditivo ya que los órganos federales pueden realizar tales
acciones de persecución penal teniendo como límite el arresto o la coerción
personal”.
También sostuvo que “la inmunidad de arresto no implica inmunidad de
proceso, puesto que en el primero se pueden desarrollar todos los actos
jurisdiccionales indispensables para averiguar sobre la existencia de
delitos, siempre que no se afecte la libertad ambulatoria de los
legisladores”.
En los hechos, la sentencia implica que el senador Traferri puede ser
investigado e imputado, pero no arrestado mientras se extienda su mandato y
goce de sus fueros.
Edery dijo hoy durante una rueda de prensa que pedirán la audiencia
imputativa del legislador para “exponer delante de un juez las evidencias
para que evalúe si son suficientes o no”.
“Tenemos evidencia que lo coloca como organizando de esta red de juego
clandestino, que le permitió prosperar a Peiti”, dijo el fiscal, para
agregar que el senador “puso en contacto a Peiti con Patricio Serjal y
Gustavo Ponce y así obtenía mucha información desde adentro de las
Fiscalías”.
Serjal era el fiscal Regional de Rosario y Ponce un fiscal de grado que
están imputados con prisión preventiva como parte de la organización
delictiva.
Para los acusadores, ambos cobraron durante meses en concepto de cohecho
entre 4 y 5 mil dólares mensuales para evitar o demorar investigaciones
contra Peiti y para brindarle información de causas en curso.
Para los fiscales, el senador Traferri -enfrentado al gobernador Omar
Perotti- brindaba apoyo político a la organización criminal.
“Hay algunas declaraciones que dicen que parte de ese dinero iba a
financiar las campañas políticas”, dijo Edery.
Por su parte, el abogado defensor de Traferri, José Luis Vázquez, consideró
“una fantochada” la resolución del camarista y adelantó que aconsejará a su
cliente que no se presente cuando sea citado.
“Le aconsejaré que no atienda el requerimiento. Mascali lo que hizo fue
declarar inconstitucional la Constitución, no tiene efectos prácticos”,
señaló en declaraciones a la prensa.
Para la fiscalía, hay «evidencia» que coloca a senador provincial como organizador del juego ilegal
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