La empresa debió cesar sus actividades porque así lo determinó la justicia a raíz de un juicio entablado por una vecina a causa de la contaminación ambiental.
La empresa no hizo las adecuaciones y se había comprometido a pagar el cien por ciento de la indemnización a los 22 empleados que aún permanecían en sus puestos de trabajo. Luego la firma advirtió que sólo podía abonar el 85 por ciento. Siguen las negociaciones en el ámbito del Ministerio de Trabajo.