El Gobierno de Santa Fe llevará adelante en abril una nueva subasta pública de bienes incautados en causas judiciales, en el marco de una política que busca debilitar las estructuras económicas del delito y recuperar esos recursos para destinarlos a fines sociales. La iniciativa es impulsada por la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes (Aprad), organismo encargado de administrar los activos decomisados en investigaciones penales y definir su utilización o disposición final.
El sistema de subastas se consolidó en los últimos años como una herramienta clave para atacar uno de los pilares del crimen organizado: su capacidad económica. A través de este mecanismo, el Estado logra convertir bienes que permanecían inmovilizados durante años en recursos concretos. Lo recaudado tiene destinos específicos, entre ellos la reparación a víctimas, el financiamiento del funcionamiento del organismo y la inversión en políticas públicas de carácter social.
Para esta nueva edición se prevé la subasta de entre 140 y 150 lotes. La mayor parte estará compuesta por automóviles y motocicletas, aunque también podrían incluirse otros bienes de mayor valor o características particulares. Entre las posibilidades que se analizan, se destaca la eventual incorporación de una aeronave, lo que marcaría un hecho inédito dentro de este tipo de remates en la provincia. En ediciones anteriores, las subastas incluyeron desde vehículos de alta gama hasta lanchas, inmuebles, joyas y artículos electrónicos, lo que generó una importante participación de oferentes.
La subasta es pública y abierta a cualquier persona o empresa del país, aunque requiere inscripción previa. Los interesados deben registrarse y cumplir con los requisitos establecidos para garantizar la transparencia del proceso. El evento se realizará en el Salón Metropolitano de Rosario, espacio que ya fue sede de ediciones anteriores y que permite una amplia convocatoria.
Desde su implementación, este sistema permitió recaudar cifras millonarias y se consolidó como una política innovadora a nivel nacional. Además de su impacto económico, las subastas tienen un fuerte valor simbólico: los bienes que alguna vez estuvieron en manos del delito pasan a ser utilizados en beneficio de la sociedad. Las autoridades destacan que este modelo contribuye a una gestión más eficiente de los activos judiciales y refuerza la transparencia en el uso de los recursos públicos.
Al cierre de esta edición, el Secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, brindó detalles sobre la organización de la subasta, los controles implementados y el destino de los fondos obtenidos: