La Fiscalía Regional 2, a través de la Unidad Fiscal Especializada en Corrupción Funcional y Violencia Institucional, desestimó la denuncia presentada por la concejala Stella Maris Clerici contra el intendente de Cañada de Gómez, Matías Chale, por presuntas irregularidades vinculadas al manejo del Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana.
La denuncia había sido presentada en marzo de 2025 y posteriormente fue remitida a la unidad especializada. Clerici había planteado posibles ilícitos vinculados con el destino de los recursos del fondo creado mediante la Ordenanza N.º 10.330, que establece que debe integrarse con el 2% de los ingresos corrientes del municipio y depositarse en una cuenta especial.
Según la presentación, durante la gestión de Chale se habrían producido demoras en los depósitos y transferencias desde la cuenta del fondo, además de movimientos hacia determinadas personas y empresas cuya finalidad, según la denunciante, debía ser investigada.
A partir de la denuncia, la Fiscalía realizó distintas medidas de investigación. Entre ellas, solicitó información a empresas y personas vinculadas con los movimientos de la cuenta, dispuso el levantamiento del secreto bancario, fiscal, bursátil y financiero y requirió a la Municipalidad documentación respaldatoria de los pagos realizados desde la cuenta especial. También se incorporaron los movimientos bancarios correspondientes al período comprendido entre noviembre de 2023 y diciembre de 2025.
La investigación incluyó además una pericia contable oficial para determinar los montos que debían depositarse, los efectivamente transferidos y si existían diferencias, así como para establecer si los gastos realizados se correspondían con los objetivos previstos en la ordenanza que creó el fondo.
En su dictamen, el perito oficial Federico Pinto señaló que los comprobantes analizados correspondían a adquisiciones que habían sido puestas a consideración del Consejo de Seguridad Ciudadana, que emitió opinión favorable respecto de su financiación mediante el fondo.
La conclusión de la Fiscalía
En la resolución, la fiscal Karina C. Bartocci sostuvo que no se reunieron elementos de convicción suficientes para corroborar la hipótesis de un destino diferente de los fondos públicos.
La Fiscalía indicó que las personas y empresas consultadas acreditaron que efectivamente prestaban servicios a la Municipalidad relacionados con tareas de seguridad ciudadana y que no surgieron elementos que permitieran sostener que se tratara de prestaciones inexistentes, simuladas o ajenas a la finalidad de los recursos.
Respecto de las demoras en los depósitos, la pericia contable determinó que los importes efectivamente depositados coincidían con los montos que correspondía transferir al fondo, aunque se verificaron incumplimientos en los plazos establecidos por la ordenanza.
La resolución remarca que, de acuerdo con lo investigado, esa demora no implicó un cambio de destino de los fondos. La Fiscalía consideró que la sola demora administrativa no resultaba suficiente para configurar el delito de malversación, que requiere acreditar una efectiva alteración del destino de los recursos y la existencia de una conducta dolosa.
Finalmente, la fiscal sostuvo que la investigación permitió revisar los movimientos cuestionados, consultar a los prestadores y realizar la correspondiente pericia contable, pero que la hipótesis inicial de la denuncia no alcanzó el grado de sustento necesario para avanzar hacia una audiencia imputativa.
Por estos motivos, la Fiscalía resolvió desestimar la denuncia en los términos del artículo 273 del Código Procesal Penal de Santa Fe, por considerar que no existían elementos serios y verosímiles que permitieran iniciar fundadamente una investigación penal.