La situación del PAMI a nivel nacional atraviesa un momento crítico, con impacto directo en la atención de millones de jubilados en todo el país. En los últimos días, médicos de cabecera iniciaron un paro de 72 horas en reclamo por cambios en el sistema de remuneración que derivaron en una fuerte reducción de sus ingresos.
El esquema de pago, basado en una cápita por afiliado, fue modificado y generó recortes significativos, sumados a demoras en los cobros. Según manifestaron profesionales, en algunos casos están atendiendo sin haber percibido pagos, lo que motivó la medida de fuerza. Esta situación es especialmente delicada, ya que el médico de cabecera es el primer contacto del afiliado con el sistema de salud y quien realiza las derivaciones a especialistas o prácticas de mayor complejidad.
A este escenario se suma el reclamo por el financiamiento general del sistema, en un contexto donde distintos sectores vinculados a la salud, la educación y la discapacidad vienen advirtiendo sobre dificultades económicas.
En el plano local, en Cañada de Gómez, también surgieron inquietudes en torno al funcionamiento del PAMI. Días atrás se conoció el traslado de aproximadamente 2.000 afiliados desde una institución sanatorial a otra, sin que hasta el momento se hayan informado oficialmente los motivos de esta decisión.
Si bien desde los centros de salud llevaron tranquilidad y aseguraron la continuidad en la atención de los pacientes, el cambio genera interrogantes, no solo por el impacto en la organización de los servicios, sino también por las implicancias económicas que conlleva el movimiento de cápitas entre instituciones.
Por otro lado, también se registraron reclamos por demoras en la entrega de medicamentos e insumos necesarios para tratamientos, con situaciones que generan fuerte preocupación. Incluso, se mencionaron casos en los que pacientes habrían visto agravado su estado de salud mientras aguardaban respuestas.
En este contexto, los profesionales de la salud quedan muchas veces limitados en su capacidad de respuesta, en medio de un sistema tensionado tanto por cuestiones económicas como operativas.
A pesar del complejo panorama, desde las instituciones locales remarcan que la atención continúa tanto en el ámbito público como privado, aunque con dificultades que siguen siendo motivo de seguimiento.
La evolución del conflicto a nivel nacional y su impacto en cada localidad será clave en las próximas semanas para determinar cómo continuará la prestación del servicio para los afiliados.
