El Partido Socialista (PS) de Santa Fe, a través de su Junta Ejecutiva Provincial, expresa su máxima preocupación ante la decisión del gobierno nacional de designar por decreto a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pasando por alto al Senado, que es el cuerpo parlamentario que debe darles acuerdo a los jueces del alto tribunal con dos tercios de sus votos.
Se trata de una medida arbitraria que atenta contra la división de poderes, base sobre la que se sostiene el sistema republicano, y da cuenta de un fracaso categórico a la hora de construir los consensos necesarios para integrar la máxima instancia del Poder Judicial.
Este desenlace ocurrido luego de once meses de que el presidente Javier Milei presentara los pliegos en el Senado de la Nación remite indefectiblemente a las candidaturas propuestas por el Ejecutivo, que han sido foco de cuestionamientos –algunos de extrema gravedad- desde un primer momento.
A la vez, el menosprecio y denostación permanentes del gobierno nacional hacia el Poder Legislativo están muy lejos de ser el camino para dar respuesta a los reclamos de una justicia de calidad, ágil y transparente por parte del conjunto de la sociedad desde hace tanto tiempo.
Es en ese contexto que la provincia de Santa Fe emerge una vez más como ejemplo de fortalecimiento continuo de las instituciones democráticas, sobre la base del pluralismo y la búsqueda permanente de consensos.
En noviembre de 2024, la Legislatura provincial dio prueba de ello cuando aprobó una reforma del sistema de justicia de la provincia para hacerlo más abierto, eficiente y dotarlo de mayor legitimidad: llevó la composición de la Corte Suprema de seis a siete miembros, estableció la edad límite para el cargo, y fijó en forma clara y detallada el mecanismo para la renovación. Esta norma, que expresó un amplio consenso político, vino a reforzar el procedimiento ya establecido en la Constitución provincial para el nombramiento de los integrantes del máximo tribunal santafesino: son designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Asamblea Legislativa. La realidad de nuestra provincia se contrapone, entonces, a lo que vemos en la escena nacional y, lo que es más importante, desmiente que ese sea el único resultado posible.
De cara a la próxima reforma constitucional, nuestro compromiso inalterable estará en defender la necesaria división de poderes en la futura Carta Magna provincial de cualquier arrebato autoritario que, apoyado en un clima de época circunstancial, pretenda crear las condiciones jurídicas para llevar adelante en Santa Fe las prácticas lamentables y anti- republicanas que se ejercen a nivel nacional; y en promover los cambios que se requieran para que nuestras instituciones sean cada vez más robustas, modernas y confiables, para que den respuestas y rindan cuentas ante la ciudadanía.
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