La sentencia fue resuelta por el juez Pablo Busaniche en el marco de un juicio oral y público que finalizó esta mañana en los tribunales de la capital provincial. El magistrado hizo lugar a la misma calificación penal agravada atribuida por el MPA. A los dos condenados también se les impusieron inhabilitaciones especiales: al profesional del Derecho para ejercer la Abogacía, y al policía para ejercer el cargo público que ostenta. Además, los dos deberán pagar una multa económica y cumplir reglas de conducta.
El abogado Sebastián Gervasoni y el policía Martín Horacio Herrera fueron condenados a dos años y ocho meses de prisión cada uno por haber intentando extorsionar a un hombre que estaba privado de su libertad en la Comisaría Cuarta de la ciudad de Santa Fe. La sentencia fue dispuesta por el juez Pablo Busaniche en el marco de un juicio oral y público que finalizó esta mañana en los tribunales de la capital provincial.
Además de la condena privativa de la libertad –que deberán cumplir de forma condicional–, se les impuso una inhabilitación especial por el mismo tiempo de la pena. En tal sentido, de acuerdo con lo resuelto por el juez, Gervasoni no podrá ejercer la Abogacía por dos años y ocho meses, mientras que Herrera no podrá desempeñarse como policía por el mismo tiempo.
Con todo, a cada uno de los condenados se les impuso el pago de una multa de 60.000 pesos, la prohibición de contacto con la víctima por cualquier medio y la obligación de someterse al control del Patronato de Liberados.
“Nada hace tanto por la prevención de la violencia y de la corrupción institucional como una condena justa en un hecho de estas características”, subrayaron los fiscales Ezequiel Hernández y Bárbara Ilera, quienes representaron al MPA en el debate.
Agravantes
Los fiscales destacaron que “no es común una condena en un juicio a un profesional del Derecho, y menos aún por delitos como los de este caso”. En tal sentido, valoraron que “en su sentencia, el juez hizo lugar a la calificación penal tal como la formulamos desde la Fiscalía”, y explicaron que “receptó la agravante de que ambos condenados actuaron con ánimo de lucro y abusando de la profesión de abogado en un caso, y de la función policial en el otro”.
Por otra parte, los funcionarios del MPA advirtieron que aguardarán los fundamentos de la sentencia “para evaluar qué motivó la decisión del magistrado y, en función de ello, analizar los pasos procesales a seguir”.
Caso “complicado”
El ilícito por el que fueron condenados Gervasoni y Herrera –ambos de 42 años– fue cometido el domingo 2 de julio de 2017 por la tarde en la Comisaría Cuarta, ubicada en el barrio Roma de la capital provincial.
«El policía condenado le aseguró a un detenido que su caso estaba ‘complicado’, pero le dijo que si no le entregaba 10.000 pesos y una bolsa de cocaína, no sería liberado y tendría inconvenientes con la libertad condicional que le habían otorgado en el marco de otro legajo judicial», señaló el fiscal Hernández y apuntó que “cuando ocurrió el ilícito hace siete años, el monto que le pedían era alrededor de 50 veces más que en la actualidad”.
El fiscal del MPA aclaró que “lo que el policía no le dijo al hombre que permanecía encerrado en una celda, es que ese día ya se había dispuesto su libertad. Por el contrario, el uniformado se contactó con el abogado condenado para que fuera hasta la comisaría, donde el profesional del Derecho le reiteró al detenido la exigencia de dinero y le remarcó que él tenía vínculos con ‘muchos fiscales’ y que ‘manejaba a la policía'».
«El intento de extorsión fue presenciado por una mujer que era la pareja del detenido y, en el hall de la comisaría, la mujer le dio al policía condenado un teléfono celular y los papeles de dominio de una motocicleta», puntualizó Hernández. El fiscal también detalló que «el dispositivo y la documentación fueron tomados como garantías de que la víctima reuniría lo que se le había exigido y, en función de ese acuerdo, el detenido recuperó su libertad”.
Entrega controlada
Hernández hizo hincapié en que «un día después del hecho ilícito, el hombre al que trataron de extorsionar y su pareja se dirigieron a la sede del MPA ubicada en 1° de Mayo 2820 e informaron lo que había sucedido». Expuso que «la por entonces fiscal Mariela Jiménez oyó lo que la víctima relataba en Mesa de Entradas, se comunicó con Asuntos Internos de la policía provincial para que tomaran la declaración e inició la investigación».
«De forma coordinada entre la Fiscalía y Asuntos Internos se organizó una entrega controlada», planteó Hernández y relató que “el martes de esa semana al mediodía, el hombre intimidado y su pareja fueron hasta la Comisaría Cuarta, hablaron con el policía y él los instó a que se comunicaran con el abogado para establecer un punto de encuentro».
«Por teléfono, el profesional del Derecho le ordenó a la víctima que fuera hasta Facundo Zuviría y Diagonal Goyena, dirección que luego cambió por Hernandarias y avenida Peñaloza», expuso el fiscal. «Minutos antes de las 16:30, el abogado y la persona a la que intentó extorsionar se encontraron para concretar el intercambio», señaló y especificó que «el abogado le entregó a la víctima el teléfono celular y la documentación que la mujer le había dado al policía; y recibió 4.000 pesos en billetes previamente individualizados».
Hernández resaltó que «en el acto, personal de Asuntos Internos aprehendió al abogado y secuestró el dinero y un automóvil en el que había llegado hasta el lugar».
Calificaciones penales
A los dos acusados se les atribuyó la coautoría de una tentativa de extorsión calificada (por haber sido cometida con ánimo de lucro y con abuso en el desempeño de la profesión de abogado y de la función policial).
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