El Gobierno, la industria y los ruralistas participaron de la primera reunión convocada por la Comisión de Agricultura
En la primera reunión organizada por la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados para tratar la ley de semillas quedaron al desnudo las diferencias que persisten en torno al tema entre los productores, el Gobierno y la industria semillera. Hubo 13 oradores, entre representantes de Agroindustria, el INTA, entidades gremiales y técnicas del campo y de empresas semilleras.
En el Congreso hay nueve proyectos para modificar o cambiar la actual norma, que data de 1973, sancionada cuando no se había desarrollado la biotecnología agrícola ni la soja era importante para el país.
En la apertura, el presidente de la Comisión de Agricultura, Gilberto Alegre, se hizo eco de las «urgencias y presiones» por tratar este tema, según dijo, y ofreció la posibilidad de que se intente emitir dictamen antes de que finalice el año. «Algunos están apurados porque salga y otros no. Estoy dispuesto a trabajar para ver si se puede sacar», dijo.
Luego, Luis Basterra, diputado formoseño por el FPV, señaló que «no es una temática sencilla» la discusión de semillas y que «demanda que nos tomemos el tiempo» para su abordaje.También el diputado Juan Casañas (Bloque Bicentenario Tucumán) se mostró de acuerdo en buscar dictamen para semillas este año. «Tenemos posibilidad hasta el 20 de noviembre para dictaminar», indicó.
Tanto en soja como en trigo el 15% del área se hace con semilla fiscalizada. El resto se divide entre el uso propio legal y el mercado ilegal.
Por el lado oficial, el jefe de Gabinete del Ministerio de Agroindustria, Guillermo Bernaudo, defendió el proyecto del Poder Ejecutivo, que acota el uso propio (la posibilidad de que el productor se guarde parte de la cosecha de soja y trigo para volver a usar como semilla en la siguiente campaña) e introduce un pago por ese uso propio por tres multiplicaciones tras la compra de la semilla. Dispone que todo el reconocimiento a la propiedad intelectual se haga en la semilla.
Según Bernaudo, la expectativa del Gobierno es que para la próxima siembra de trigo, en mayo de 2017, haya «un consenso amplio» con una nueva ley. El funcionario recordó que la norma oficial exceptúa del pago a la agricultura familiar y a quienes facturen menos de $ 1,8 millones por año. Pero calculó que abarcará a un segmento importante de productores, ya que estará el 40% de los productores responsables del 80% del área.
Desde la Asociación de la Cadena de Soja (Acsoja), su presidente, Rodolfo Rossi, dijo que la convocatoria y los diversos proyectos mostraban «la voluntad de una solución definitiva», pero agregó: «Lamentamos si no se logra en 2016 [la ley]». También pidió «un marco adecuado» para la inversión en semillas.
David Hughes, presidente de Argentrigo, estimó que se evaden 100 millones de dólares con la semilla ilegal en el cereal. Se mostró de acuerdo en que la ley «contemple el uso propio oneroso, con sus excepciones». Desde las entidades del campo, Daniel Pelegrina, vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), reclamó avanzar en una solución y propuso mantener el uso propio gratuito, pero limitado a la cantidad de hectáreas.
Roberto Campi, productor de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), rechazó acotar el uso propio como busca el Poder Ejecutivo. «No podemos delegarlo, no tenemos que renunciar a este derecho», afirmó. Además, defendió la ley de 1973.
En tanto, Alfredo Paseyro, gerente general de la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), alertó sobre el bajo uso de semilla fiscalizada en soja, que ronda el 15%, y lo contrastó con el 45% de los años noventa luego de la aprobación, en 1996, de la soja transgénica.
«Hay que revertirlo», dijo Paseyro, que también advirtió que la Argentina debe «evitar el apagón tecnológico» en esta materia. Señaló que en los últimos 20 años se redujo 50% la cantidad de obtentores y multiplicadores de semillas. Explicó que por cada 1% de semilla fiscalizada se generan 850 puestos de trabajo en la cadena semillera. «La propiedad intelectual se debe proteger sin restricciones», señaló.
Por su parte, Obdulio SanMartín, de DonMario, advirtió que «los programas de mejoramiento [para el desarrollo de nuevas variedades] se han achicado, pero en la medida en que mejore el marco regulatorio se podrían duplicar».
